Ecuador: combatir la corrupción es un imperativo social

La corrupción es el primer tipo de enfermedad a la que está expuesto nuestro país. Su costo es mayor al de cientos de accidentes de tránsito, a los miles de casos por cáncer y al porcentaje de personas que padecen enfermedades catastróficas. Lo que se pierde por este rubro pudiera mejorar la calidad de vida de toda la población y, sobre todo, la más marginal en temas de educación, salud, vivienda y seguridad social. La corrupción carcome nuestra sociedad desde hace siglos y, pese a los innumerables intentos por eliminarla por parte de valientes hombres y mujeres, las prácticas se repiten hasta volverse naturales e institucionalizadas. Si bien, la corrupción no es algo exclusivo del Ecuador, nos preocupa que nuestro país en vías de desarrollo, con incipiente Inversión Extranjera Directa (IED), problemas de desempleo, desnutrición infantil y violencia intrafamiliar, esté en los peores lugares de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil dedicadas a su análisis como Transparencia Internacional.

Poner un alto definitivo a la corrupción es un imperativo social y responsabilidad de todos nosotros. La lucha contra la corrupción debe estar sobre cualquier partido, ideología, credo, etnia, cultura, sexo y género. Combatir la corrupción es brindarle mejores posibilidades de calidad de vida a las actuales y futuras generaciones, porque esa calidad de vida significa un conjunto de valores como la honestidad, la transparencia y el respeto por el otro. Con la honestidad hay certeza y un ambiente predecible en lo social, económico y político, con la transparencia se hace efectiva la rendición de cuentas y con el respeto al otro se convive sin complejos de superioridad, arribismo o prepotencia. En conjunto, estos valores nos permiten construir un mejor Ecuador, amarlo, cuidarlo y defenderlo.

La lucha contra la corrupción no es coyuntural, porque no está solo en la calentura de las sábanas electorales. Esta lucha sobrepasa cualquier línea de tiempo y es un deber histórico ineludible, sin embargo no podemos dejar de referirnos a los últimos eventos que han alertado a la opinión pública en los escenarios nacional e internacional. Desde los Wikileaks, pasando por el Fifagate, los Panamá Papers y hasta los casos de corrupción de la multinacional brasileña Odebrecht que ha fracturado a varios gobiernos de algunos países de América Latina, en donde ya hay sindicados, a ello se suma lo de Petroecuador. Como ciudadanos exigimos que las autoridades responsables de la delicada tarea de administrar la justicia actúen de manera ágil, transparente y con compromiso social para el bien y la buena imagen de nuestro país. No podemos permitir que los actores involucrados en los supuestos actos de corrupción se lancen “la pelotita” para desvirtuar y desviar las temerarias denuncias en su contra.

Tampoco creemos que los casos deban resolverse desde la cultura del micrófono, los medios y las redes sociales. El sistema judicial en Ecuador está en deuda con todos los ecuatorianos, si se considera la agilidad con la que han actuado fiscales, contralores, procuradores y jueces en otros países de América Latina en el caso Odebrecht. Requerimos, a puertas de la elección de un nuevo gobierno del signo que sea, la claridad respecto del manejo de los recursos públicos por parte de todas las autoridades en todas las funciones&colon Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y de Participación. Asimismo, en el manejo que han hecho los gobiernos locales y seccionales.

Los ecuatorianos merecemos respuestas claras y contundentes por los altos niveles de indignación en que vive nuestra sociedad. El silencio colectivo no es indiferencia, puede ser una peligrosa olla de presión. Como nunca antes la corrupción es el tercer problema para los ecuatorianos después de la crisis económica y el desempleo. Por todo ello, merecemos respuestas.
Por un mejor Ecuador.