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MANIFIESTO POR EL RESPETO A LA VIDA Y EL RETORNO AL ESTADO DE DERECHO EN BOLIVIA
Ricardo V.
creó esta petición para
La sociedad civil, gobiernos y entidades internacionales
MANIFIESTO POR EL RESPETO A LA VIDA Y EL RETORNO AL ESTADO DE DERECHO EN BOLIVIA
CONSIDERANDO QUE: Desde el 20 de octubre del presente año, día en que se celebraron comicios presidenciales en Bolivia, se ha desencadenado una revuelta ultraconservadora violenta montada en la cresta de legítimas protestas de una parte de la población, deviniendo en un golpe de estado bajo la premisa de un presunto fraude en dichas elecciones.El día 10 de noviembre de los corrientes, tanto el presidente legítimo de Bolivia, señor Evo Morales Ayma, como el señor vicepresidente de Bolivia, señor Álvaro García Linera, y a la luz de los violentos acontecimientos antes citados, fueron obligados a dimitir por orden de las fuerzas armadas bolivianas, concretándose así el golpe de estado. Lejos de pacificar el país, desde la instalación del régimen de facto encabezado por la senadora Jeanine Áñez el día 11 de noviembre de los corrientes, se ha suscitado una grave represión sin precedentes en la vida política boliviana, donde el ejército y la policía han reprimido brutalmente a la población, predominantemente de origen aymara y quechua, con un saldo fatal que supera la treintena de fallecidos y cientos de heridos desde entonces.Desde la instalación de dicho régimen, se ha limitado gravemente la libertad de prensa, con una postura autoritaria de intimidación a los medios de comunicación tanto bolivianos como extranjeros, con el afán de imponer un cerco mediático que oculte la gravedad de los hechos que acontecen en estos momentos en Bolivia.Desde la instalación de dicho régimen de facto, se han condicionado arbitrariamente las libertades políticas de la oposición, a través de una “cacería” contra opositores políticos a este régimen, suponiendo esto una flagrante violación a los derechos políticos y de protesta de la ciudadanía.El “decreto supremo” emitido por la señora Áñez (decreto 4078 del 15 de noviembre) de permitir el uso letal de las armas tanto a la policía como al ejército bolivianos contra los protestantes sin represalias legales, constituye una gravísima y flagrante violación a los estatutos internacionales en materia de Derechos Humanos del que Bolivia es país signatario y cuyo acatamiento le es obligatorio.
CON BASE EN LOS HECHOS QUE PRECEDEN Y EN NOMBRE DE LOS DERECHOS HUMANOS, MANIFESTAMOS:
Nuestra exhortación a las autoridades costarricenses, su Presidencia de la República y Cancillería, a que desconozcan a las autoridades del régimen de facto que tomó el poder del hermano país de forma violenta desde el día 11 de noviembre de 2019.Que en estricto apego a nuestras tradiciones democráticas y de paz que nos han sabido distinguir a nivel internacional, expresar oficialmente nuestro más enérgico repudio por los crímenes de lesa humanidad que se han venido cometiendo en la hermana República Plurinacional de Bolivia bajo la dirección del régimen de facto.Que se restablezca el estado de derecho constitucional en la República Plurinacional de Bolivia y, al amparo del mismo, se disponga en todos sus extremos una comisión de la verdad histórica que investigue las acusaciones de fraude que desataron la violencia y el caos en el hermano país. Que cese la violencia social amparada en retóricas de odio de corte racista en Bolivia, y que ha fungido como el principal desencadenante de la violenta reversión del orden constitucional y del estado de derecho en la República Plurinacional de Bolivia.Nuestra advertencia desde ya a nuestras autoridades, que la historia nos recuerda trágicamente que las retóricas de odio suponen crímenes contra la humanidad, provocando genocidios como el de Guatemala y Ruanda en épocas recientes, así como el holocausto judío amparados inobjetablemente en dichas expresiones que se han desatado de forma feroz y alarmante en Bolivia como lo venimos atestiguando. No nos convirtamos en cómplices con nuestra pasividad y silencio de una nueva tragedia.
FIRMAS RESPONSABLESAllen Pérez Somarribas105540548Ricardo Valverde Sánchez108690424Con copia:Antonio Guterres (Secretario General de la ONU)Michelle Bachelet (Comisionada de Derecho Humanos de la ONU)Victoria Tauli-Corpuz (Relatora Especial de la ONU para los Derechos de los Pueblos Indígenas)Senadores Elizabeth Warren y Bernie Sanders, Representantes Alexandria Ocasio-Cortez y Ayanna PressleyWashington Office on Latin America (WOLA)New York Times Editorial Board
CONSIDERANDO QUE: Desde el 20 de octubre del presente año, día en que se celebraron comicios presidenciales en Bolivia, se ha desencadenado una revuelta ultraconservadora violenta montada en la cresta de legítimas protestas de una parte de la población, deviniendo en un golpe de estado bajo la premisa de un presunto fraude en dichas elecciones.El día 10 de noviembre de los corrientes, tanto el presidente legítimo de Bolivia, señor Evo Morales Ayma, como el señor vicepresidente de Bolivia, señor Álvaro García Linera, y a la luz de los violentos acontecimientos antes citados, fueron obligados a dimitir por orden de las fuerzas armadas bolivianas, concretándose así el golpe de estado. Lejos de pacificar el país, desde la instalación del régimen de facto encabezado por la senadora Jeanine Áñez el día 11 de noviembre de los corrientes, se ha suscitado una grave represión sin precedentes en la vida política boliviana, donde el ejército y la policía han reprimido brutalmente a la población, predominantemente de origen aymara y quechua, con un saldo fatal que supera la treintena de fallecidos y cientos de heridos desde entonces.Desde la instalación de dicho régimen, se ha limitado gravemente la libertad de prensa, con una postura autoritaria de intimidación a los medios de comunicación tanto bolivianos como extranjeros, con el afán de imponer un cerco mediático que oculte la gravedad de los hechos que acontecen en estos momentos en Bolivia.Desde la instalación de dicho régimen de facto, se han condicionado arbitrariamente las libertades políticas de la oposición, a través de una “cacería” contra opositores políticos a este régimen, suponiendo esto una flagrante violación a los derechos políticos y de protesta de la ciudadanía.El “decreto supremo” emitido por la señora Áñez (decreto 4078 del 15 de noviembre) de permitir el uso letal de las armas tanto a la policía como al ejército bolivianos contra los protestantes sin represalias legales, constituye una gravísima y flagrante violación a los estatutos internacionales en materia de Derechos Humanos del que Bolivia es país signatario y cuyo acatamiento le es obligatorio.
CON BASE EN LOS HECHOS QUE PRECEDEN Y EN NOMBRE DE LOS DERECHOS HUMANOS, MANIFESTAMOS:
Nuestra exhortación a las autoridades costarricenses, su Presidencia de la República y Cancillería, a que desconozcan a las autoridades del régimen de facto que tomó el poder del hermano país de forma violenta desde el día 11 de noviembre de 2019.Que en estricto apego a nuestras tradiciones democráticas y de paz que nos han sabido distinguir a nivel internacional, expresar oficialmente nuestro más enérgico repudio por los crímenes de lesa humanidad que se han venido cometiendo en la hermana República Plurinacional de Bolivia bajo la dirección del régimen de facto.Que se restablezca el estado de derecho constitucional en la República Plurinacional de Bolivia y, al amparo del mismo, se disponga en todos sus extremos una comisión de la verdad histórica que investigue las acusaciones de fraude que desataron la violencia y el caos en el hermano país. Que cese la violencia social amparada en retóricas de odio de corte racista en Bolivia, y que ha fungido como el principal desencadenante de la violenta reversión del orden constitucional y del estado de derecho en la República Plurinacional de Bolivia.Nuestra advertencia desde ya a nuestras autoridades, que la historia nos recuerda trágicamente que las retóricas de odio suponen crímenes contra la humanidad, provocando genocidios como el de Guatemala y Ruanda en épocas recientes, así como el holocausto judío amparados inobjetablemente en dichas expresiones que se han desatado de forma feroz y alarmante en Bolivia como lo venimos atestiguando. No nos convirtamos en cómplices con nuestra pasividad y silencio de una nueva tragedia.
FIRMAS RESPONSABLESAllen Pérez Somarribas105540548Ricardo Valverde Sánchez108690424Con copia:Antonio Guterres (Secretario General de la ONU)Michelle Bachelet (Comisionada de Derecho Humanos de la ONU)Victoria Tauli-Corpuz (Relatora Especial de la ONU para los Derechos de los Pueblos Indígenas)Senadores Elizabeth Warren y Bernie Sanders, Representantes Alexandria Ocasio-Cortez y Ayanna PressleyWashington Office on Latin America (WOLA)New York Times Editorial Board
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