Rechazo al Proyecto Minero de Zacualpan, Colima, Mexico.
Al Presidente Municipal de Comala, Braulio Arreguín Acevedo
Al Comisariado de Bienes Comunales de Zacuapan, Carlos Guzmán Teodoro
A la Delegada de la Procuraduría Agraria, María Elena Díaz
Al Empresario Rigoberto Verduzco Rodríguez
A la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
A la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Colima (CEDH), Roberto Chapula de la Mora
A Amnistía Internacional
El 18 de noviembre de 2013 la comunidad indígena nahua de Zacualpan, Municipio de Comala, en el estado de Colima, México, en una asamblea general de comuneros y avecindados, declaró su rechazó a dar el permiso a la extracción de oro, plata y cobre del proyecto minero del empresario Rigoberto Verduzco Rodríguez. Pese a ello, el ejército mexicano de forma intimidante arriba al día siguiente a la comunidad indígena y las autoridades inician la lluvia de apoyos gubernamentales con el fin de dividir a la población.
La comunidad indígena está consciente de los efectos ambientales que genera la extracción minera a cielo abierto y de oro, del impacto sobre el agua, la biodiversidad, la salud, la tierra y el territorio indígena. La comunidad ha decidido su total rechazo al proyecto minero. Por ello exigimos que se respete su decisión sin represalias, presiones, divisiones, chantajes, amenazas o corrupción.
La Delegada de la Procuraduría Agraria en Colima, María Elena Díaz, atendió el viernes 22 del presente a los comuneros después de que la vieron bajarse del vehículo del empresario Rigoberto Verduzco Rodríguez. En esa reunión la Delegada se comprometió a ayudar a los comuneros a que no se instale la mina, pero advirtió tajante: “si yo veo que hay beneficios para la comunidad, apoyaré el proyecto”.
Será responsabilidad de Gobernador del Estado, del Presidente Municipal de Comala, del Comisariado de Bienes Comunales de Zacualpan, de la Procuraduría Agraria en Colima y del empresario interesado, de las consecuencias negativas que pudieran sucederse a los miembros de la comunidad por tomar esta decisión. Exhortamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión Estatal estar atentos a garantizar el respeto a la decisión de la comunidad indígena de Zacualpan.
También exigimos al gobierno mexicano que cumplan con los instrumentos internacionales que ha signado en materia de derechos humanos y de los pueblos indígenas como son el Convenio 169 de la OIT; la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas; el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC) y el Protocolo de San Salvador, entre otros, con el fin de proteger, velar y garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas; proteger la biodiversidad, el derecho humano al agua, a la salud, a la alimentación, a un medo ambiente sano, entre otros derechos humanos fundamentales.
¡POR EL RESPETO A LA DECISIÓN DE LA COMUNIDAD INDÍGENA NAHUA DE ZACUALPAN EN COLIMA SOBRE SU RECHAZO AL PROYECTO MINERO!
LA COMUNIDAD INDIGENA NAHUA DE ZACUALPAN, COLIMA,
RECHAZA PROYECTO MINERO DE ORO
22 de Noviembre de 2013
Sin información ni consentimiento de la comunidad indígena, el empresario local de la concesión minera No. 201872, Rigoberto Rodríguez, pretende extraer oro, plata y cobre pese al rechazo de sus pobladores, con el apoyo de la Delegada de la Procuraduría Agraria, María Elena Díaz, del gobernador del estado de Colima, Mario Anguiano Moreno, del Presidente municipal, Braulio Arreguín Acevedo, y de las autoridades comunales corrompidas por el empresario local.
Sin embargo, luego de la asamblea informativa de comuneros y avecindados sobre los efectos de la minería, la comunidad indígena nahua de Zacualpa, municipio de Comala, en el estado de Colima, en su Declaración del 18 de noviembre de 2013, acordó no permitir la instalación de ninguna empresa o actividad minera en su territorio; promover al territorio libre de minería; capacitarse para defender su territorio; y rechazar cualquier intento de oferta o dádiva del empresario o del gobierno con el fin de lograr la licencia social. Un día después de la asamblea en la que participaron más de 300 personas de la comunidad, el ejército mexicano de manera intimidante se presentó a la comunidad indígena y más tarde también el presidente municipal y el delegado de la CONAFOR para entregar un reconocimiento al “premio nacional” a la comunidad por reforestación.
La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)/ Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) se suma a los acuerdos de la comunidad indígena de Zacualpa y responsabiliza al gobierno del estado y al empresario local de cualquier medida coercitiva, de presión y chantaje, intentos de corrupción y división comunitaria, de cualquier tipo de amenaza o amedrentamiento a la comunidad nahua. Estos signos ya se están observando con la entrega de proyectos y otros fondos a las comunidades del municipio para lograr dividirlos.
El territorio de Colima se encuentra ya amenazado por más de 360 concesiones mineras que abarcan prácticamente todo el territorio del estado a excepción de los Volcanes, que traerán consecuencias socio ambientales irreversibles y de gran impacto. La lucha por la defensa de los derechos humanos, por la tierra y los territorios, ya ha cobrado población amenazada, asesinatos y desparecidos como el caso del indígena nahua Celedonio Monroy Prudencio por su lucha contra la minera Peña Colorada, empresa italo-argentina-hindú.
Exigimos el total e irrestricto respeto a la decisión de la comunidad indígena de Zacualpan. Hacemos un llamado a la opinión pública, a la solidaridad nacional e internacional, a estar atentos a esta situación que vive el pueblo indígena nahua.
¡POR EL RESPETO A LA DECISIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS SOBRE SU TERRITORIO!
... y muy cerca de ahí esto es lo que esta sucediendo:
REVISTA PROCESO
8 DE JUNIO DE 2013
EDICION JALISCO
http://hemeroteca.proceso.com.mx/?p=344273
La presencia de indígenas que pastorean y cultivan en tierras del ejido Ayotitlán ya volvió incómodos a esos añejos pobladores de la Sierra de Manantlán. Los directivos del ejido acusaron de robo y daños a esos pobladores que se limitaron a quedarse en el hogar de sus abuelos y sus padres, sólo porque la minera Peña Colorada pagará por usar el predio como basurero tóxico.
CUAUTITLÁN.- Por medio de una demanda penal, el ejido Ayotitlán pretende desalojar a comuneros indígenas asentados en la Sierra de Manantlán, en un predio que se comprometió a ceder a la minera Peña Colorada para que deposite sus desechos, conforme a un convenio de ocupación temporal durante una década, firmado el 22 de julio de 2012.
Según el documento, a cambio del usufructo de las 801 hectáreas, el ejido recibirá de la empresa una renta anual de 14 millones 418 mil pesos, además de un pago único de 8 millones como compensación por el valor de los bienes distintos a la tierra.
Sin embargo, una fracción del inmueble denominada Puertecito de las Parotas se encuentra ocupada por campesinos de la etnia nahua otomí, quienes se dicen afectados porque nacieron ahí y desde hace varias décadas se dedican a la ganadería y siembran maíz en la zona.
Tras varios intentos de hacerlos abandonar el terreno mediante presiones y ofrecimientos económicos, tanto de la minera como del ejido, la mesa directiva de éste presentó el pasado 28 de noviembre una querella penal contra los indígenas por los presuntos delitos de despojo y daño en las cosas, ante la agencia del Ministerio Público con sede en la cabecera municipal de Cuautitlán.
La denuncia fue suscrita por el presidente del ejido, Ambrosio Isaac Chávez; el secretario, Hermenegildo de los Santos José; y el tesorero Beatos Chávez Rosales, con la asesoría de los abogados Carlos Estrada Casillas y Raúl Peña Hernández, de la Confederación Nacional Campesina (CNC).
Antes de esta denuncia, el consorcio minero Benito Juárez Peña Colorada –perteneciente a las empresas Ternium-Ispat y Mittal Steel, de capitales italiano, argentino e indio– había presionado a las comunidades aledañas al predio en disputa, señala J. Jesús Hermenegildo García, presidente del Frente Regional Pro Manantlán y Cuenca del Río Marabasco A.C. (Fremmar).
Dice que los manantiales que abastecían de agua a varias poblaciones se contaminaron o quedaron sepultados y algunos caminos están bloqueados a consecuencia del depósito de residuos ferrosos de la mina, lo que afecta a más de 450 familias de El Mameyito, San Antonio, Changavilán, Las Maderas, Rancho Quemado, Los Potros, Puertecito de las Parotas y La Piedra, cuya población ha sido parcialmente desplazada en los últimos años.
Sin embargo, según el Fremmar y la organización ambientalista Bios Iguana, lo que afectó en mayor medida la zona fue el colapso de tres cortinas, que provocó el derrame de desechos de la mina hacia algunas de las comunidades en septiembre de 2012 (Proceso Jalisco 432).
Como parte de las indagatorias relacionadas con la averiguación previa 1641/2012, abierta a raíz de la denuncia del ejido Ayotitlán, el agente del Ministerio Público Óscar Guerrero Lazareno citó a declarar el pasado 22 de mayo a los campesinos Federico Deniz Gerardo, José Luis Ramos Gerardo, Antonio Ramos Gerardo y Jesús Ramos Gerardo, como presuntos responsables de despojo y daño en las cosas.
Ese día sólo se presentó a la diligencia Deniz Gerardo, quien después de enterarse de los cargos solicitó un plazo para presentar su declaración por escrito.
Frente al riesgo de ser detenido después de la comparecencia, Deniz acudió acompañado del abogado Óscar González Garí, presidente de la Red Jalisciense de Derechos Humanos (RJDH); de Hermenegildo García, del Fremmar; así como de Esperanza Salazar, Jonathan Ochoa y Gustavo Lozano, integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) en Colima y Guanajuato.
En su denuncia, los miembros de la mesa directiva del ejido Ayotitlán refieren que el 20 de julio de 2012, dos días antes de firmar el convenio con Peña Colorada, fueron citados a la casa ejidal los hermanos Ramos Gerardo y Federico Deniz.
Ellos, aclaran los funcionarios ejidales, “no ostentan ningún carácter de ejidatarios y a pesar de ello se encuentran dentro de los terrenos que se denominan Las Parotas, (por lo que) les solicitamos que dejaran de estar invadiendo las tierras con ganado y estar cortando árboles para su beneficio, ya que las tierras que se encuentran en el predio mencionado serán circuladas en su totalidad y serán rentadas al consorcio minero Benito Juárez Peña Colorada, S.A. de C.V., a lo cual dijeron que sí reconocen que se tienen que retirar del lugar, ya que ellos no ostentan ningún derecho para permanecer en ellas y que ya sabían que las tierras las tienen que desocupar”.
Según los denunciantes, el 16 de agosto siguiente a las 11 horas se reunieron en el predio Las Parotas los integrantes de la directiva ejidal con los representantes legales de Peña Colorada, Arturo Miguel Tronco Guadiana y José Enrique Martínez Fernández, así como los miembros de la comisión plural Ernestino Ciprián, Daniel Elías, Santos Isaac, Faustino Cobián, Santos Leopoldo Ciprián, Gaudencio Mancilla, Juan Prudencio, Vicente Hermenegildo y Beatos Peña Chávez.
En esa ocasión, añaden en su querella, “nos dimos cuenta de que los ahora denunciados se encontraban dentro del terreno y al reclamarles que no tenían ningún derecho a estar ahí porque esa propiedad pertenece al ejido, con voz altanera nos dijeron: ‘No nos vamos a salir de este lugar, háganle como quieran, si quieren que nos salgamos nos tienen que dar la cantidad de un millón 500 mil pesos y no vamos a dejar este terreno, mucho menos que la empresa deje su cochinero’, es el motivo por el cual nos vemos precisados por mandato de la propia asamblea de ejidatarios a presentar esta denuncia de carácter penal”.
Entre las pruebas, el ejido presentó ante el MP el acta de la asamblea en la que se aprobó la firma del convenio con la minera, el convenio de ocupación temporal del terreno, el acta de posesión y deslinde del 16 de agosto pasado y el plano de una fracción del ejido Ayotitlán donde se localiza el predio Las Parotas, que “vienen invadiendo los ahora denunciados”.
Antigua herencia
En entrevista con Proceso Jalisco, Federico Deniz Gerardo niega haber reconocido ante sus ahora denunciantes que debe desocupar las tierras por no tener ningún derecho a permanecer en ellas y desmiente que la reunión del 20 de julio se realizara en la casa ejidal, ya que en realidad se efectuó en El Poblado, municipio de Minatitlán, Colima.
Además, precisa, en el encuentro del 16 de agosto él les dijo a ejidatarios y representantes de la mina que el conflicto podría arreglarse sólo si llegaban a un acuerdo sobre la indemnización, pero “ellos dijeron que iban a denunciarnos; entonces les contesté que están en su derecho, si me acusan qué puedo hacer, pero tengo papeles que me avalan”.
Entre los documentos que Deniz dice tener se encuentra un acta de posesión otorgada en 2002 por el entonces presidente del comisariado ejidal, Santos de Jesús Ciprián, un certificado parcelario que lo acredita como ganadero y comprobantes del pago de contribuciones.
Padre de tres hijos, el indígena nahua Deniz Gerardo, de 33 años y nacido en la comunidad El Mameyito, dice que las tierras de donde se le pretende desalojar han estado en posesión de sus padres y abuelos desde hace varias décadas.
Tras enterarse de las acusaciones contra él, el campesino considera que se trata de una injusticia: “Aquí hay muchos intereses económicos. Dicen que soy más carajo que el diablo, pero que me den tiempo para aclarar las cosas porque lo que ellos están queriendo es despojarme, quieren que me quite de ahí, que no haya gente ni animales en ese lugar porque ya comprometieron esa parte con la empresa Peña Colorada”.
Afirma que la minera y el ejido les han ofrecido dinero a él y a sus compañeros para que se salgan, pero no quieren hacerlo: “Están violando la ley, nos dan un precio injusto: 250 mil pesos para que los repartamos entre nueve familias de El Mameyito. Con eso no vamos a vivir, son tierras de trabajo, nosotros vivimos del maíz y tenemos animales, de ahí somos, cómo nos van a despojar. Les dije que necesitamos otro terreno, pero no estoy de acuerdo que esa mina siga ahí porque está afectando a muchas comunidades, el mineral de hierro que cae está contaminando el río, afectando todas las especies”.
A los daños ambientales se suman los problemas de salud en la población, como el caso de Esteban Guzmán Pulgarín, quien denuncia que después de trabajar alrededor de 10 años en la minera tuvo que salir porque contrajo una psoriasis en el brazo, que hasta la fecha no se le cura.
De acuerdo con el abogado Óscar González Garí, las comunidades de la Sierra de Manantlán se encuentran en medio de varios conflictos, entre ellos la disputa limítrofe que protagonizan Colima y Jalisco y los intereses económicos que implica el funcionamiento de Peña Colorada.
En este contexto, dice el litigante, el ejido Ayotitlán negoció la entrega de 801 hectáreas de tierras a la minera a cambio de la mencionada renta anual, pero firmó el contrato sin consultar a todos los ejidatarios y comuneros, sobre todo a las personas asentadas en esos terrenos.
“Ahora –añade– hay muchos interesados en sacar a los que estorban, a los que nacieron y crecieron ahí, a los que ahí tienen su ombligo, a sus padres, a sus muertos, sus cultivos, sus animales, su pasado… Los quieren sacar creando accidentes como el del 23 de septiembre, cuando se derrumbaron tres cortinas de retención de residuos. Los quieren correr a base de convenios semilegales y llamándolos al Ministerio Público para presionarlos.”
El representante de la RJDH considera inaudito que los indígenas sean acusados de despojo y daño en las cosas, pues “no es posible que estén robando el lugar en que ellos nacieron, no se metieron a un predio ajeno a disponer de él, sino que están haciendo uso de lo suyo, de lo que recibieron de sus padres y sus abuelos y que por la misma razón les pertenece con justo derecho”.
González Garí señala que a pesar de que el ejido Ayotitlán –que recibió esa dotación de tierras en 1963– reclama esa superficie como parte de su territorio, los comuneros nahuas que habitan el área tienen una herencia muy anterior y más importante que la del ejido.
Advierte, sin embargo, que hay un enfoque erróneo en la denuncia, por lo que se requiere poner las cosas dentro del marco del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho indígena para que se aplique el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce los territorios de los indígenas como bienes de especial importancia, que no pueden ser desplazados sino en circunstancias muy especiales y con una serie de condiciones muy particulares.
Una de las estrategias jurídicas para la defensa de las comunidades nahuas, dice González Garí, es promover la nulidad del convenio de ocupación temporal firmado entre el ejido y la empresa, mediante una iniciativa fuerte, sólida y concertada con las víctimas para evitar su desplazamiento forzoso.
En realidad, expone, la mina tendría que pagar una indemnización de varios millones de dólares a Ayotitlán por todos los perjuicios que durante 43 años ha ocasionado a 15 poblados nahuas, que son anexos de los ejidos de Ayotitlán y Plan de Méndez.
Ante la situación actual que vive la población de la zona de conflicto limítrofe en la Sierra de Manantlán, Fremmar y el grupo Bios Iguana –representado este último por Esperanza Salazar Zenil y Gabriel Martínez Campos– solicitaron el pasado lunes 3 a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) que emitiera medidas cautelares a favor de los habitantes de esas comunidades.
A través de un documento, solicitaron la aplicación del Convenio 169 de la OIT y alertaron que, ante el acoso de la minera y de la directiva del ejido Ayotitlán, los poblados de la región se encuentran en una situación de “gravedad y urgencia”, por lo que también recurrirán a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y al Senado.
El conflicto se ubica en los límites de ambas entidades: la mina del lado colimense y las tierras para desechos en la jalisciense. Los activistas denunciaron que hasta la fecha ninguno de los dos gobiernos estatales ha cumplido la recomendación 122/95 de la CNDH, que establece entre otros puntos que mientras no se resuelva el conflicto ambas autoridades deben coordinarse para garantizar los servicios públicos fundamentales, como la seguridad pública, en las comunidades afectadas.
Desde el punto de vista de Fremmar y Bios Iguana, el Estado mexicano dejó en la indefensión jurídica a los pobladores de la mencionada franja territorial, pues son víctimas de Peña Colorada, que “ha quedado impune por los daños contra el medio ambiente, el derecho al desarrollo y el estado de salud de los habitantes asentados en ese territorio” porque los gobiernos no atienden las denuncias.
Esperanza Salazar, integrante de Bios Iguana, denuncia que desde hace más de cuatro décadas, cuando la minera inició sus operaciones, se han registrado alrededor de 35 homicidios y desapariciones de campesinos de la Sierra de Manantlán. Se dice que estos hechos están relacionados con la tenencia de la tierra o la defensa del medio ambiente, pero la mayoría de los casos no han sido investigados a profundidad y permanecen impunes.
Uno de los más recientes fue el secuestro del líder indígena Celedonio Monroy Prudencio, quien fue sacado de su domicilio la noche del 23 de octubre de 2012 y hasta ahora se desconoce su paradero.
Secuestran a tres líderes nahuas de Ayotitlán En octubre pasado fue “levantado” en su domicilio, en Loma Colorada, otro líder, Celedonio Monroy Prudencio, cuyo paradero hasta hoy es desconocidoRedacción /Agosto 22, 2013
GUADALAJARA, Jalisco.- El representante del Consejo de Mayores de los nahuas del ejido de Ayotitlán, Gaudencio Mancilla Roblada, su hermano Bonifacio y un tercer indígena, Gerónimo Flores Elías, familiar de los dos primeros, fueron secuestrados esta madrugada de sus domicilios por un comando armado.
Los secuestradores llegaron en al menos cinco camionetas, primero a la casa de Gerónimo, enclavada en la loma Tierras Negras, y minutos después a la de Gaudencio, en la loma La Guayaba, donde también pernoctaba su hermano Bonifacio. Todo ocurrió al filo de las 3.00 de la mañana.
Familiares de Mancilla Roblada que se trasladaron esta mañana a la cabecera municipal en Cuautitlán de García Barragán, al sur de Jalisco, señalaron que los levantones fueron similares, pues hombres armados irrumpieron con violencia derribando las puertas, amagando a mujeres y niños y rápidamente secuestrando a los tres hombres.
El 17 de junio pasado Gaudencio denunció que un grupo armado llegó a su domicilio con intenciones de secuestrarlo, pero logró escapar.
En esa ocasión los hombres también armados advirtieron a los familiares del líder nahua que “le bajara” a su activismo contra mineras que explotan yacimientos minerales en la región sin el permiso indígena.
A raíz de este hecho de junio, que también incluyó el intento de secuestrar a otros líderes nahuas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos dictó medidas cautelares a favor de los indígenas tanto a la policía municipal de Cuautitlán como a la Fiscalía General del Estado, las cuales semanas después el propio Gaudencio señaló no eran cumplidas y continuaba la inseguridad.
En octubre pasado fue levantado en su domicilio, en Loma Colorada, otro líder de los nahuas, Celedonio Monroy Prudencio, cuyo paradero hasta hoy es desconocido.
Con información de La Jornada