Rolando Zapata Bello, Gobernador del Estado de Yucatán, México: Hacer efectiva la prohibición de la tortura en Yucatán

Uniéndome a la exigencia del equipo Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C., me dirijo a usted para expresar mi profunda preocupación y enérgico rechazo ante actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes perpetrados por servidores públicos pertenecientes a las distintas policías municipales y a la estatal, así como a la ministerial.

Deploro que a los actos de tortura se sume la inaceptable complacencia, tolerancia y encubrimiento de otros servidores públicos, según se documenta en el Informe “La celda de la amargura”, que denuncia tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes en el estado de Yucatán y en el que destaca la situación de impunidad y falta de investigación por parte de las autoridades, contrastándola con los estándares internacionales a los cuales se obligó el Estado Mexicano al ratificar distintos instrumentos en materia de derechos humanos.

En atención a la gravedad e importancia que reviste el tema, le exijo:
1) Hacer efectiva la prohibición de la tortura en el estado de Yucatán y garantizar que cualquier acto de tortura, trato cruel o abuso de autoridad será investigado con diligencia, de acuerdo a los protocolos y estándares más altos en la materia y, en consecuencia, sancionado.
2) Garantizar el más alto estándar en la investigación y documentación de casos de tortura, lo cual incluye, por supuesto, contar con agentes, médicos, peritos, criminólogos expertos y capaces de aplicar el Protocolo de Estambul de las Naciones Unidas.
3) Ordene el Secretario de Seguridad Pública detener la tortura sistemática en la que incurren sus subordindados constantemente e investigar la responsabilidad de servidores públicos, incluyendo al propio Secretario, en el encubrimiento de casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.
4) Emitir una comunicación exhortando a cualquier servidor público que haya tenido conocimiento de un acto de tortura a denunciarlo de manera inmediata.
5) Garantizar la integridad física de cualquier persona que haya denunciado tortura, entre otras cosas ordenando a los agentes a abstenerse de incurrir en actos de represalia contra quienes denuncian.