A los Estados miembros de la OEA: Garantizar de manera urgente el suficiente y adecuado financiamiento de la CIDH

Ante el comunicado de presa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la grave crisis financiera que atraviesa y que tendrá graves consecuencias en su capacidad para cumplir con su mandato y funciones básicas. Esto incluye la imposibilidad de renovar el 40% de los contratos del personal al primero de agosto, la suspensión tanto de las visita a países previstas para este año, así como los Períodos de Sesiones agendados. A pesar de que la CIDH desde su origen, ha sido el principal órgano, autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Miles de personas han sido beneficiarias del mecanismo de protección y defensa de los derechos humanos entre ellos mujeres, niñas, los pueblos indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, de las personas LGTBI y de miles de defensoras y defensores de derechos humanos, que viven amenazados y criminalizados en las Américas. Varios Estados miembros de la OEA han incumplido con su obligación internacional de asignar presupuestos adecuados, suficientes y sostenibles para evitar poner en peligro el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La CIDH y la Corte IDH ha aportado significativamente en el avance en los estándares de derechos humanos en general y de las mujeres en particular a través en pronunciamientos, informes temáticos y de país, acuerdos de solución amistosa, dictámenes, decisiones de fondo de la CIDH y las sentencias de la Corte Interamericana sobre el tema; las medidas cautelares para proteger la vida e integridad de las mujeres y defensoras de los derechos de las mujeres contra actos violentos y a la luz de los instrumentos regionales e internacionales de derechos humanos de las mujeres. En particular la CIDH ha aportado estándares de derechos humanos de las mujeres , para que entre otros, los Estados miembros de la OEA adopten leyes y políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, aprueben mecanismos para actuar con la debida diligencia requerida para prevenir, investigar, y sancionar con celeridad y sin dilación todos los actos de violencia y discriminación contra las mujeres, asuman la obligación de garantizar la disponibilidad de mecanismos judiciales efectivos, adecuados, e imparciales para víctimas de violencia y discriminación y deber de considerar en sus políticas adoptadas para avanzar la igualdad de género. Igualmente adoptó la calificación jurídica de la violencia sexual como tortura cuando es cometida por agentes y funcionarios estatales, incluyendo los cometidos durante el contexto de terrorismo de estado. Ante la grave crisis financiera que afecta a la CIDH, resulta urgente y prioritario que todos los Estados miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA), garanticen de manera urgente el suficiente y adecuado financiamiento . Igualmente que la 46º Asamblea General de la OEA conforme a la carta democrática, se asegure la creación de un fondo sostenible tanto para la CIDH como para la Corte IDH , en el marco de su compromiso de protección de los derechos humanos en la región. Finalmente la comunidad internacional toda, debe colaborar con el financiamiento del SIDH y contribuir con la vigencia de los derechos humanos como uno de los desafíos de la agenda de desarrollo sostenible en la región.

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