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Opositores de Venezuela contra las Sanciones
Enrique O.
creó esta petición para
Donald Trump
Opositores contra las Sanciones
Las sanciones unilaterales, tanto colectivas como aquellas individuales, implementadas sin respetar el debido proceso, constituyen una violación de la ley internacional y de los derechos humanos. Además de que por razones de principio y de soberanía se trata de una acción repudiable, forman parte de una estrategia que aleja la posibilidad de un cambio democrático en Venezuela.
Medidas como la revocación de la licencia que autorizaba a una empresa petrolera como CHEVRON a realizar actividades de explotación y exportación de crudo venezolano a los EEUU, afectan a la nación como un todo, pero en particular a los más pobres, y violentan las más elementales normas del libre comercio internacional. Sus efectos no debilitan al régimen político hegemónico, sino que estimulan sus componentes más autoritarios. Debilitan, además, a la sociedad civil, comenzando por el empresariado nacional, que heroricamente resiste la crisis y permanece en Venezuela, todo lo cual menoscaba la principal base social de un cambio democrático.
Al añadir las sanciones a la pesada herencia de una crisis económica provocada historicamente por muchos años de una errática gestión pública en materia económica (con algunos momentos de excepción), su costo se elevará y recaerá en términos de hambre, enfermedad y mala calidad de vida en los más débiles sociales. Así lo indican numerosos estudios. Una de las consecuencias más perniciosas es hacer que los pobres sean más vulnerables, objeto pasivo y dependiente de los programas sociales del Estado. Como puede deducirse, un pueblo sometido a esta presión tiene más dificultad para ser protagonista libre de su historia.
Las medidas punitivas de expulsión, recientemente adoptadas contra connacionales en territorio estadounidense, sin mediar juicio, ni debido proceso alguno y contraviniendo la sentencia de un juez federal, deben ser rechazadas sin esguinces por todos los venezolanos. Si algún compatriota se encuentra incurso en algún delito, cometido dentro de las fronteras de otro país, debe ser sometido a juicio y, culpable o no, el Estado venezolano debe asistirlo para asegurar su derecho a una legítima defensa, pues toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es de resaltar que esa misma práctica que viola el debido proceso de forma flagrante se observa en nuestro país de modo reiterado. Y si somos demócratas para criticarla y denunciarla aquí, como lo hacemos, también debemos serlo para criticarla y denunciarla allá.
Apena observar a un sector extremista de la oposición que, confirmando su condición de fuerza tutelada por otras naciones, no sólo aplaude sino que promueve este tipo de acciones contra Venezuela y contra los venezolanos. Esa conducta viola nuestra soberanía, que todo venezolano debe defender, y se convierte en una conducta de traición a los intereses nacionales. Ser de oposición no es óbice, por el contrario debe ser condición obligante, para poner la patria y su gente por encima de la diatriba política. Venezuela primero.
Este comunicado les será remitido a los congresistas de los EEUU, al gobierno del presidente Trump y a otros actores políticos internacionales, a los partidos políticos en Venezuela y al gobierno nacional.
Suscriben, por orden alfabético:
Antonio Ecarri
Armando Amengual
Bruno Gallo
Carlos Mendoza Potellá
Daniel Santolo
Eduardo Fernández
Eduardo Semtei
Enrique Ochoa Antich
Felipe Mujica
Francisco Rodríguez
Fredderyck Villegas
Giovanna De Michele
Gustavo Hernández
Gustavo Márquez
Johel Orta
Josefina Jordán
Jorge Ignacio Barragán
Leonardo Morales
Luis Augusto Romero
Luis Fuenmayor Toro
Manuel Isidro Molina
Rafael Quiroz
Rafael Simón Jiménez
Ricardo Ríos
Roberto López
Víctor Álvarez
Vladimir Villegas
Las sanciones unilaterales, tanto colectivas como aquellas individuales, implementadas sin respetar el debido proceso, constituyen una violación de la ley internacional y de los derechos humanos. Además de que por razones de principio y de soberanía se trata de una acción repudiable, forman parte de una estrategia que aleja la posibilidad de un cambio democrático en Venezuela.
Medidas como la revocación de la licencia que autorizaba a una empresa petrolera como CHEVRON a realizar actividades de explotación y exportación de crudo venezolano a los EEUU, afectan a la nación como un todo, pero en particular a los más pobres, y violentan las más elementales normas del libre comercio internacional. Sus efectos no debilitan al régimen político hegemónico, sino que estimulan sus componentes más autoritarios. Debilitan, además, a la sociedad civil, comenzando por el empresariado nacional, que heroricamente resiste la crisis y permanece en Venezuela, todo lo cual menoscaba la principal base social de un cambio democrático.
Al añadir las sanciones a la pesada herencia de una crisis económica provocada historicamente por muchos años de una errática gestión pública en materia económica (con algunos momentos de excepción), su costo se elevará y recaerá en términos de hambre, enfermedad y mala calidad de vida en los más débiles sociales. Así lo indican numerosos estudios. Una de las consecuencias más perniciosas es hacer que los pobres sean más vulnerables, objeto pasivo y dependiente de los programas sociales del Estado. Como puede deducirse, un pueblo sometido a esta presión tiene más dificultad para ser protagonista libre de su historia.
Las medidas punitivas de expulsión, recientemente adoptadas contra connacionales en territorio estadounidense, sin mediar juicio, ni debido proceso alguno y contraviniendo la sentencia de un juez federal, deben ser rechazadas sin esguinces por todos los venezolanos. Si algún compatriota se encuentra incurso en algún delito, cometido dentro de las fronteras de otro país, debe ser sometido a juicio y, culpable o no, el Estado venezolano debe asistirlo para asegurar su derecho a una legítima defensa, pues toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es de resaltar que esa misma práctica que viola el debido proceso de forma flagrante se observa en nuestro país de modo reiterado. Y si somos demócratas para criticarla y denunciarla aquí, como lo hacemos, también debemos serlo para criticarla y denunciarla allá.
Apena observar a un sector extremista de la oposición que, confirmando su condición de fuerza tutelada por otras naciones, no sólo aplaude sino que promueve este tipo de acciones contra Venezuela y contra los venezolanos. Esa conducta viola nuestra soberanía, que todo venezolano debe defender, y se convierte en una conducta de traición a los intereses nacionales. Ser de oposición no es óbice, por el contrario debe ser condición obligante, para poner la patria y su gente por encima de la diatriba política. Venezuela primero.
Este comunicado les será remitido a los congresistas de los EEUU, al gobierno del presidente Trump y a otros actores políticos internacionales, a los partidos políticos en Venezuela y al gobierno nacional.
Suscriben, por orden alfabético:
Antonio Ecarri
Armando Amengual
Bruno Gallo
Carlos Mendoza Potellá
Daniel Santolo
Eduardo Fernández
Eduardo Semtei
Enrique Ochoa Antich
Felipe Mujica
Francisco Rodríguez
Fredderyck Villegas
Giovanna De Michele
Gustavo Hernández
Gustavo Márquez
Johel Orta
Josefina Jordán
Jorge Ignacio Barragán
Leonardo Morales
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Rafael Quiroz
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Ricardo Ríos
Roberto López
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