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Exmo. Ayuntamiento de Cádiz y Fundación Universitaria San Pablo CEU: Retirada de premios al ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez
Plataforma J.
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Exmo. Ayuntamiento de Cádiz y Fundación Universitaria San Pablo CEU
RETIRADA
DE PREMIOS EN NOMBRE DE LOS DERECHOS HUMANOS A ALVARO URIBE VÉLEZ
El pasado 9 y 10 de octubre de 2015, se celebró en el Ateneo de Madrid el Encuentro VOCES POR LA PAZ EN COLOMBIA. Jornada de debate, poesía y música –
Porque la Paz también es arte.
Fruto del trabajo realizado en este Encuentro se materializó la acción de solicitar la retirada de los premios concedidos en el Estado español al ex presidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez: “Libertad Cortes de Cádiz 2009" otorgado por el Excmo. Ayuntamiento de Cádiz y Premio Internacional 2010 "La puerta del recuerdo" , otorgado por el Observatorio Internacional de Víctimas del Terrorismo de la Fundación Universitaria San Pablo CEU. (En el siguiente enlace podéis ver las cartas que han sido enviadas http://www.justiciaporcolombia.org/node/563)
Amplias fueron en su momento las muestras de disconformidad ante los fallos de los jurados que
concedieron los premios, quienes obviaron las innumerables denuncias nacionales e internacionales emitidas contra el gobierno de Álvaro Uribe por parte de asociaciones, organizaciones de Derechos Humanos, colectivos sociales,
intelectuales e institucionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tampoco tuvieron en cuenta el dolor y las múltiples denuncias de las miles de víctimas existentes bajo sus mandatos.
Álvaro Uribe Vélez fue presidente de un gobierno investigado por sus nexos con el paramilitarismo, crímenes de lesa humanidad y uso de la fuerza pública y de grupos armados, que colaboraron con éstas para realizar lo que se ha denominado “guerra sucia” contra las organizaciones sociales, incentivando las amenazas y el hostigamiento contra las personas defensoras de los Derechos
Humanos.
De hecho, la Corte Suprema de Justicia de Colombia tenía, y aún hoy mantiene, enjuiciados a un amplísimo número de
senadores vinculados a la coalición política que sostuvo a dicho gobierno y a miembros destacados de organismos del Estado por representar, haber recibido financiación y colaborar expresamente con la actividad criminal de los
paramilitares. Producto de la política de Uribe fueron también los desplazamientos masivos de poblaciones enteras con el fin de expropiar las tierras a millones de campesinos y campesinas colombianas para ser entregadas a compañías transnacionales destinadas al cultivo de biocombustibles y otros fines extractivistas, siendo también beneficiarias del expolio realizado las empresas españolas.
A lo largo de su carrera política ha orquestado numerosas estrategias y campañas de guerra sucia contra organizaciones sociales, promoviendo las amenazas y el
hostigamiento contra las personas defensoras de los Derechos Humanos. Personas refugiadas, defensoras de Derechos Humanos y organizaciones solidarias con Colombia han sido espiadas en el Estado español por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), motivo por el cual está admitida a trámite una querella en nuestro país contra Álvaro Uribe Vélez como responsable directo
del servicio secreto de Colombia en aquel momento.
Durante sus dos periodos presidenciales se alcanzó el dramático récord de las ejecuciones extrajudiciales, llamadas
“falsos positivos”, crímenes de Estado contra la población
civil enmascarados como “bajas en combate”, utilizadas como herramientas de la lucha contrainsurgente. La Fiscalía General de la Nación investiga actualmente cerca de 4.000 presuntos casos de falsos positivos atribuidos a militares. Se conocen cifras tan alarmantes como 32.348 personas
desaparecidas en Colombia (datos registrados por la Unidad de Justicia y Paz), alrededor de 2.700.000 desplazados/as (según datos de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento- CODHES) o 1.057 personas defensoras de Derechos Humanos víctimas de todo tipo de agresiones tales como asesinatos, amenazas, atentados, detenciones arbitrarias, torturas, uso arbitrario del
sistema penal, entre otros (información del Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de Derechos Humanos -Somos Defensores).
Las cartas ya han sido presentadas a las instituciones correspondientes, ahora es el momento de sumarte con tu firma para entre todos y todas conseguir que le sean retirados los premios otorgados "en nombre de la paz y los Derechos Humanos" a quien es uno de los máximos responsables de la violencia y barbarie vivida en Colombia.
Gracias por colaborar
POR UNA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL
CESE EL FUEGO BILATERAL YA
DE PREMIOS EN NOMBRE DE LOS DERECHOS HUMANOS A ALVARO URIBE VÉLEZ
El pasado 9 y 10 de octubre de 2015, se celebró en el Ateneo de Madrid el Encuentro VOCES POR LA PAZ EN COLOMBIA. Jornada de debate, poesía y música –
Porque la Paz también es arte.
Fruto del trabajo realizado en este Encuentro se materializó la acción de solicitar la retirada de los premios concedidos en el Estado español al ex presidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez: “Libertad Cortes de Cádiz 2009" otorgado por el Excmo. Ayuntamiento de Cádiz y Premio Internacional 2010 "La puerta del recuerdo" , otorgado por el Observatorio Internacional de Víctimas del Terrorismo de la Fundación Universitaria San Pablo CEU. (En el siguiente enlace podéis ver las cartas que han sido enviadas http://www.justiciaporcolombia.org/node/563)
Amplias fueron en su momento las muestras de disconformidad ante los fallos de los jurados que
concedieron los premios, quienes obviaron las innumerables denuncias nacionales e internacionales emitidas contra el gobierno de Álvaro Uribe por parte de asociaciones, organizaciones de Derechos Humanos, colectivos sociales,
intelectuales e institucionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tampoco tuvieron en cuenta el dolor y las múltiples denuncias de las miles de víctimas existentes bajo sus mandatos.
Álvaro Uribe Vélez fue presidente de un gobierno investigado por sus nexos con el paramilitarismo, crímenes de lesa humanidad y uso de la fuerza pública y de grupos armados, que colaboraron con éstas para realizar lo que se ha denominado “guerra sucia” contra las organizaciones sociales, incentivando las amenazas y el hostigamiento contra las personas defensoras de los Derechos
Humanos.
De hecho, la Corte Suprema de Justicia de Colombia tenía, y aún hoy mantiene, enjuiciados a un amplísimo número de
senadores vinculados a la coalición política que sostuvo a dicho gobierno y a miembros destacados de organismos del Estado por representar, haber recibido financiación y colaborar expresamente con la actividad criminal de los
paramilitares. Producto de la política de Uribe fueron también los desplazamientos masivos de poblaciones enteras con el fin de expropiar las tierras a millones de campesinos y campesinas colombianas para ser entregadas a compañías transnacionales destinadas al cultivo de biocombustibles y otros fines extractivistas, siendo también beneficiarias del expolio realizado las empresas españolas.
A lo largo de su carrera política ha orquestado numerosas estrategias y campañas de guerra sucia contra organizaciones sociales, promoviendo las amenazas y el
hostigamiento contra las personas defensoras de los Derechos Humanos. Personas refugiadas, defensoras de Derechos Humanos y organizaciones solidarias con Colombia han sido espiadas en el Estado español por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), motivo por el cual está admitida a trámite una querella en nuestro país contra Álvaro Uribe Vélez como responsable directo
del servicio secreto de Colombia en aquel momento.
Durante sus dos periodos presidenciales se alcanzó el dramático récord de las ejecuciones extrajudiciales, llamadas
“falsos positivos”, crímenes de Estado contra la población
civil enmascarados como “bajas en combate”, utilizadas como herramientas de la lucha contrainsurgente. La Fiscalía General de la Nación investiga actualmente cerca de 4.000 presuntos casos de falsos positivos atribuidos a militares. Se conocen cifras tan alarmantes como 32.348 personas
desaparecidas en Colombia (datos registrados por la Unidad de Justicia y Paz), alrededor de 2.700.000 desplazados/as (según datos de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento- CODHES) o 1.057 personas defensoras de Derechos Humanos víctimas de todo tipo de agresiones tales como asesinatos, amenazas, atentados, detenciones arbitrarias, torturas, uso arbitrario del
sistema penal, entre otros (información del Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de Derechos Humanos -Somos Defensores).
Las cartas ya han sido presentadas a las instituciones correspondientes, ahora es el momento de sumarte con tu firma para entre todos y todas conseguir que le sean retirados los premios otorgados "en nombre de la paz y los Derechos Humanos" a quien es uno de los máximos responsables de la violencia y barbarie vivida en Colombia.
Gracias por colaborar
POR UNA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL
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