Ollanta Humala Tasso, Presidente del Perú: Justicia para los "Mártires de Uchuraccay"

Los periodistas y comunicadores sociales del Perú; agremiados en sus respectivas organizaciones: la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), el Colegio de Periodistas de Lima (CPL), la Federación de Periodistas del Perú (FPP) y el Sindicato Unitario de Trabajadores del Periodismo y la Comunicación Social del Perú (SUTPECOS-CGTP), como organizaciones de los trabajadores-periodistas y de la comunicación social, nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional solicitando apoyo para que se haga justicia con los “Mártires de Uchuraccay", por las siguientes razones:

1. El 26 de enero de 1983, hace 31 años, los periodistas Eduardo de la Piniella Palao y Pedro Sánchez Gavidia (de El Diario de Marka), Félix Gavilán Huamán (corresponsal de El Diario de Marka), Willy Retto Torres y Jorge Luis Mendívil Trelles (de El Observador), Jorge Sedano Falcón (de La República), Amador García Yanque (del semanario Oiga) y Octavio Infante García (de Noticias de Ayacucho), fueron asesinados en Uchuraccay - Departamento de Ayacucho, en cumplimiento de su labor periodística. Con ellos también fue victimado Juan Argumedo García (guía e intérprete). Desde entonces ha existido una evidente y cómplice desidia de los gobiernos de turno y del Poder Judicial para castigar a todos los responsables.

2. Ante la inacción de las instituciones autoridades nacionales encargadas de impartir justicia, los familiares de las víctimas denunciaron estos hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia supranacional que tras estudiar el caso, emitió el Informe N° 62/10 de fecha 24/03/2010, expresando lo siguiente: "La Comisión informa que los familiares alegaron violación por parte de la República del Perú de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tras responsabilizar al gobierno de las muertes por una supuesta participación de militares en los hechos. Asimismo, acusan a las autoridades judiciales de no investigar la presunta participación de fuerzas del orden en la masacre, así como, de otras irregularidades durante los juicios penales abiertos".

3. En ese sentido, la CIDH concluyó que es competente para conocer el reclamo y declaró admisible el caso por presunta violación de los derechos a la vida, a la libertad de pensamiento y expresión, así como a las garantías judiciales, habiéndose incumplido con el deber de investigar debidamente la violación de los derechos humanos estipulados en la Convención que el Perú, como Estado parte del tratado desde el 28 de julio de 1978, está obligado a respetar y garantizar.

4. Conforme a lo dispuesto por la CIDH, solicitamos a usted Señor Presidente, que se formalice el allanamiento del Estado peruano al CASO UCHURACCAY como es la petición de los familiares para que se esclarezcan estos crímenes, dando fiel cumplimiento a la obligación internacional de investigar y sancionar a quienes resulten responsables.

5. Citamos como precedente el allanamiento del Estado peruano el año 2004, en el caso del asesinato de Pedro Huilca Tecce, ex secretario general de la CGTP, ultimado por el grupo paramilitar Colina durante el régimen de Alberto Fujimori,, decisión que permitió sancionar este execrable crimen.