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Que la Corte Suprema de Honduras reintegre a los jueces y la magistrada despedidos
Francisca S.
started this petition to
Exijamos un #GolpedeJusticia para Honduras
Versión en español:
En el contexto del Golpe de Estado que se vivió en Honduras, en el 2009, se dieron numerosas violaciones de derechos humanos en el país. En medio de esa crisis política, la Corte Suprema de Justicia inició un proceso disciplinario en contra de los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado, y de la magistrada Tirza Flores Lanza, miembros de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD).
La respuesta de la Corte a las acciones que lideraron como defensores de la democracia, fue el despido. Se les negó el debido proceso y se les impidió el derecho de defensa.
En julio de 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió la petición contra Honduras. Finalmente, la CIDH concluyó que el Estado de Honduras era responsable internacionalmente, por violar los derechos humanos de los jueces y la magistrada. Ante la gravedad de las violaciones y el incumplimiento por parte del Estado, la CIDH trasladó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2014.
El 5 de octubre de 2015, la Corte IDH dictó sentencia, ordenando al Estado de Honduras, la restitución de los jueces y la magistrada. Con ello, la Corte envía un mensaje claro de censura ante las actuaciones arbitrarias de la Corte Suprema y también deja claro que este tipo de acciones no deben ser toleradas.
Hasta hoy, Honduras no ha realizado acción alguna para que Guillermo, Luis ni Tirza retomen su trabajo, tras siete años desde que fueron destituidos, pese a que tiene la facultad de crear plazas de trabajo para ellos. Más bien, ha tomado un rol de omisión y ausencia constante, además de de su falta de voluntad expresa para reintegrarlos, lo que les ha causado graves daños personales.
El próximo 10 de noviembre , se cumple el plazo para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana.
Apóyanos firmando, compartiendo y presionando para que el Estado de Honduras rectifique su decisión y demuestre que le importa fortalecer la independencia judicial y que apoya a los jueces y juezas independientes.
El próximo 10 de noviembre presentaremos esta petición con tu firma a la Corte Suprema del país.
Porque necesitamos un #GolpedeJusticia en Honduras, contamos contigo.
Versión en inglés:
In 2009, Honduras experienced a coup d'état which led to numerous human rights violations in the country. In the midst of this political crisis, the Supreme Court of Justice initiated a disciplinary process against the judges Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Ramón Enrique Barrios Maldonado, and the magistrate Tirza Flores Lanza, all members of the Association of Judges for Democracy (AJD).
The Court’s response to the judge’s actions, in defense of the country’s democracy, was their dismissal. The victims were denied a fair trial and their right to a defense was prevented.
In July 2009, the Inter‐American Commission on Human Rights (ICHR) received the judges’ petition against the State of Honduras. The ICHR concluded that the State was internationally responsible for violating the human rights of the aforementioned judges and magistrate. Due to the severity of the violations and the failure of the State to comply with its recommendations, in 2014 the ICHR sent the case to the Inter‐American Court of Human Rights.
On October 5th, 2015, the Inter‐American Court issued its judgment, ordering the State of Honduras to reinstate the judges and the magistrate. Thereby, the Court sent a clear message condemning the Supreme Court’s arbitrary procedures and made clear that actions of this nature must not be tolerated.
To this date, Honduras has taken no action to reinstate Guillermo, Luis nor Tirza with their posts seven years after they were dismissed, although it does have the ability to create positions for them. Indeed, it has assumed a role of contstant omission and absence and has expressed a lack of willingness to reintegrate the victims, an attitude which has caused serious personal harm.
November 10th, 2016 is the deadline by which Honduras must fulfill the Inter‐American Court’s ruling.
Help us by signing and sharing this petition to pressure the State of Honduras to rectify its decision and to show its commitment to strengthening the judicial independence and its support to independent judges.
On November 10th, 2016 we will present the signed petition to the country’s Supreme Court.
We need to #FightForJustice in Honduras, and for that, we need you.
En el contexto del Golpe de Estado que se vivió en Honduras, en el 2009, se dieron numerosas violaciones de derechos humanos en el país. En medio de esa crisis política, la Corte Suprema de Justicia inició un proceso disciplinario en contra de los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado, y de la magistrada Tirza Flores Lanza, miembros de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD).
La respuesta de la Corte a las acciones que lideraron como defensores de la democracia, fue el despido. Se les negó el debido proceso y se les impidió el derecho de defensa.
En julio de 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió la petición contra Honduras. Finalmente, la CIDH concluyó que el Estado de Honduras era responsable internacionalmente, por violar los derechos humanos de los jueces y la magistrada. Ante la gravedad de las violaciones y el incumplimiento por parte del Estado, la CIDH trasladó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2014.
El 5 de octubre de 2015, la Corte IDH dictó sentencia, ordenando al Estado de Honduras, la restitución de los jueces y la magistrada. Con ello, la Corte envía un mensaje claro de censura ante las actuaciones arbitrarias de la Corte Suprema y también deja claro que este tipo de acciones no deben ser toleradas.
Hasta hoy, Honduras no ha realizado acción alguna para que Guillermo, Luis ni Tirza retomen su trabajo, tras siete años desde que fueron destituidos, pese a que tiene la facultad de crear plazas de trabajo para ellos. Más bien, ha tomado un rol de omisión y ausencia constante, además de de su falta de voluntad expresa para reintegrarlos, lo que les ha causado graves daños personales.
El próximo 10 de noviembre , se cumple el plazo para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana.
Apóyanos firmando, compartiendo y presionando para que el Estado de Honduras rectifique su decisión y demuestre que le importa fortalecer la independencia judicial y que apoya a los jueces y juezas independientes.
El próximo 10 de noviembre presentaremos esta petición con tu firma a la Corte Suprema del país.
Porque necesitamos un #GolpedeJusticia en Honduras, contamos contigo.
Versión en inglés:
In 2009, Honduras experienced a coup d'état which led to numerous human rights violations in the country. In the midst of this political crisis, the Supreme Court of Justice initiated a disciplinary process against the judges Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Ramón Enrique Barrios Maldonado, and the magistrate Tirza Flores Lanza, all members of the Association of Judges for Democracy (AJD).
The Court’s response to the judge’s actions, in defense of the country’s democracy, was their dismissal. The victims were denied a fair trial and their right to a defense was prevented.
In July 2009, the Inter‐American Commission on Human Rights (ICHR) received the judges’ petition against the State of Honduras. The ICHR concluded that the State was internationally responsible for violating the human rights of the aforementioned judges and magistrate. Due to the severity of the violations and the failure of the State to comply with its recommendations, in 2014 the ICHR sent the case to the Inter‐American Court of Human Rights.
On October 5th, 2015, the Inter‐American Court issued its judgment, ordering the State of Honduras to reinstate the judges and the magistrate. Thereby, the Court sent a clear message condemning the Supreme Court’s arbitrary procedures and made clear that actions of this nature must not be tolerated.
To this date, Honduras has taken no action to reinstate Guillermo, Luis nor Tirza with their posts seven years after they were dismissed, although it does have the ability to create positions for them. Indeed, it has assumed a role of contstant omission and absence and has expressed a lack of willingness to reintegrate the victims, an attitude which has caused serious personal harm.
November 10th, 2016 is the deadline by which Honduras must fulfill the Inter‐American Court’s ruling.
Help us by signing and sharing this petition to pressure the State of Honduras to rectify its decision and to show its commitment to strengthening the judicial independence and its support to independent judges.
On November 10th, 2016 we will present the signed petition to the country’s Supreme Court.
We need to #FightForJustice in Honduras, and for that, we need you.
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