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To Governments in the Americas & To All Pertinent International Organizations:

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This petition has been created by AP M. and may not represent the views of the Avaaz community.
AP M.
started this petition to
To Governments in the Americas & To All Pertinent International Organizations
Ver carta original:   https://tinyurl.com/y9dwr2k4 
English version below

A los Gobiernos de la Región
A los Organismos Internacionales Competentes
A la sociedad de las Américas y el Caribe

Las organizaciones y personas abajo firmantes, miembros de un grupo de trabajo de solidaridad con nuestros hermanos y hermanas de Venezuela, en calidad de defensoras de los derechos humanos, de los derechos de la movilidad humana, de ayuda humanitaria, de desarrollo y académicos/as, hacemos un llamado a los Estados de la región, a la sociedad civil y a la comunidad internacional, con el fin de redoblar esfuerzos y trabajar de manera conjunta frente el masivo desplazamiento forzado de más de dos millones de personas venezolanas que se encuentran actualmente en varios países de la región.

En particular, resaltamos la importancia del reforzamiento de la protección y de la prevención de cualquier vulneración de los derechos de las personas migrantes y con necesidad de protección internacional.La crisis que actualmente enfrenta la región no tiene paralelo alguno en la historia de nuestro continente. Tanto por la magnitud de la población en movimiento, como por la celeridad con que este desplazamiento se ha presentado. Ello obliga a todos los actores involucrados a fortalecer, mejorar y, en su caso, desarrollar nuevos mecanismos internos y de responsabilidad compartida para atender la situación de aquellas personas que se han visto forzadas a migrar.Desde la sociedad civil rechazamos cualquier medida regresiva que culmine en la restricción, eliminación o suspensión del goce y disfrute de los derechos de cualquier persona en situación de movilidad humana.

En este sentido, vemos con preocupación las recientes medidas adoptadas por los gobiernos de Ecuador y Perú de solicitar pasaportes a la población venezolana como único documento para ingresar en su territorio. Asimismo, rechazamos cualquier intento, de hecho o de derecho, de cerrar las fronteras para evitar el paso a ésta o cualquier otra población en necesidad de protección internacional o ayuda humanitaria. Estas medidas contravienen no solamente convenciones y estándares internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional de los refugiados sino, en algunos casos, los propios ordenamientos de orden constitucional de los países concernidos.

Este tipo de medidas solamente pone a las personas en una situación de extrema vulnerabilidad, por ejemplo, facilitando el tráfico y trata de personas, contribuyendo a la separación de familias, limitando la capacidad de un Estado para identificar y brindar la atención especializada que ciertos grupos necesitan, como la niñez para garantizar el interés superior del niño/a, entre muchos otros supuestos.

Es por ello, que planteamos lo siguiente:

1. Por la magnitud del fenómeno de movilidad humana que la región está enfrentando, y que continúa en aumento, pedimos a los Estados que aborden este tema desde una mirada y perspectiva regional, mediante consultas amplias que incorporena las organizaciones de la sociedad civil, y que puedan generar alternativas coordinadas y complementarias, partiendo de un enfoque integral de derechos y con una mirada de soluciones duraderas.

2. Debido las difíciles y precarias condiciones en las cuales las personas realizan sus desplazamientos, es importante atender esta crisis humanitaria desde mecanismos eficaces y articulados, como por ejemplo, la creación de corredores humanitarios de acogida en los cuales las personas puedan ejercer su derecho a la libre movilidad con seguridad. Es por ello que hacemos un llamado a los Estados para liderar los procesos de entregas de ayuda humanitaria en cada uno de sus territorios, lo cual implica proveer lugares de descanso temporal, acceso a alimentos básicos, acceso a sistemas de salud (principalmente para grupos sociales en una situación de mayor vulnerabilidad) y cualquier otra operación que fuese necesaria para garantizar la vida y seguridad de las personas.

3. Los Estados deben avanzar hacia una pronta regularización del estatus migratorio de las personas, para que este desplazamiento se realice con una plena garantía del goce y disfrute de los derechos de cada individuo y en esa medida contribuir a erradicar o eliminar la mayor cantidad de riesgos posibles. Deben evitar poner el énfasis en si estas personas están en tránsito, de manera temporal o como destino final, y enfocar sus esfuerzos en garantizar su dignidad humana. Alternativamente, puede establecerse procesos de flexibilización de requisitos para el acceso a documentación migratoria e incluso pensar en procesos de amnistía migratoria.

4. Solicitamos a cada Estado que adopte medidas para una rápida y efectiva identificación de las personas que se encuentren en la necesidad de protección internacional tal y como lo han planteado la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).Esta medida puede llevarse a cabo en este contexto a través de la implementación de reconocimientos colectivos de la condición de refugiados/as.

5. Las medidas de regularización migratoria, como la identificación de la necesidad de protección internacional, son pasos fundamentales para que se puedan abrir espacios para la integración local de las poblaciones.

6. La región cuenta con una amplia tradición y marcos jurídicos para la movilidad humana. Los Estados deben asegurar la no regresión de los estándares establecidos en los marcos jurídicos internacionales y regionales en esta materia. Deben además responder a la implementación de las recomendaciones y opiniones consultivas de los órganos y mecanismos especializados del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de las Naciones Unidas. Por ello, reiteramos nuestro llamado a los Estados para que tomen medidas proactivas en la defensa de los derechos de las personas y rechazamos cualquier forma de abordar este tema desde un enfoque securitista. En consecuencia, conminamos a los Estados a no tomar medidas violatorias a los derechos como el cierre de fronteras, las deportaciones y expulsiones colectivas y otras formas de criminalización de la movilidad humana.

7. Esta crisis ha activado a un gran número de organizaciones sociales, humanitarias y de derechos humanos, cuyos miembros y voluntarios están haciendo frente a las necesidades de los venezolanos forzados a migrar. Los Estados deben reconocer y apoyar el trabajo de estas organizaciones, facilitando espacios de coordinación con las entidades oficiales para asegurar una respuesta eficaz a la situación.

8. Hacemos un especial llamado a los Estados para que tomen medidas para proteger a las personas defensoras de los derechos de los migrantes y refugiados contra cualquier amenazas y represalias derivadas del desarrollo de su labor.

9. Conminamos a los Estados a que se cumpla el ejercicio integral de derechos por parte de la población venezolana y que de esta manera se garantice mecanismo para el acceso a derechos y servicios básicos. En particular solicitamos tener en mayor consideración las necesidades diferenciadas de niños, niñas, adolescentes, mujeres (particularmente de las que se encuentran en estado de gestación), personas afectadas por enfermedades y con requerimientos especiales de salud, población GLBTII, indígenas, adultos mayores, personas con discapacidad, entre otros.

10. Convocamos a la sociedad civil a tener una mirada de empatía y solidaridad con estas poblaciones desplazadas, evitar cualquieracto de discriminación, xenofobia y violencia. Debemos recordar que en algún momento de su historia los países de la región han sido expulsores de su población. Por muchas décadas Venezuela fue un país receptor de muchas de estas personas. Como en su momento se demandaron medidas humanitarias para garantizar sus derechos, en estos momentos debemos ver en cada ciudadano/a
venezolano/aobligado a migrar una oportunidad para retribuir la ayuda brindada a nuestros compatriotas.

11. Hacemos un llamado los organismos de derechos humanos del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas para que continúen monitoreando y condenando las violaciones a los derechos humanos que se presentan cada vez con mayor frecuencia por la magnitud del reto que enfrenta la región. Todo ello, con la finalidad de identificar y trabajar de manera conjunta en la causa del problema.

12. Finalmente, hacemos un llamado para concretar lo más pronto posible un foro hemisférico en donde todos los actores involucrados podamos contribuir a identificar y diseñar las mejores herramientas y mecanismo para lograr todos los objetivos aquí planteados. Ante ello, manifestamos nuestro total compromiso con los Estados y organismos internacionales para colaborar en la realización de tan importante evento.
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To Regional Governments
To all Pertinent International Organizations
and society in the Americas and the Caribbean

We urge States across the region and members of the international community, to redouble their efforts and work together in the face of the massive forced displacement of more than two million Venezuelans, currently spread among several countries in the Americas. In tandem with the working group standing in solidarity with our brothers and sisters in Venezuela, we would like to underscore the importance of generating a coordinated regional response grounded in a stronger protection and prevention of the violation of the rights of migrants, some of whom may be in need of international protection.

The crisis currently faced by the region is unparalleled  in the history of our continent due to the sheer quantity of people leaving the country and the relative speed at which this displacement is occurring. As a result, all actors and stakeholders share equal responsibility in strengthening, improving and developing new internal mechanisms that collectively address this increased human mobility.

As concerned citizens, we reject any regressive measures that result in the restriction, elimination or suspension of the fulfillment of the rights of all migrants and asylum seekers, irrespective of their human mobility situation. In this regard, it is with great concern that we note the recent measures adopted by the governments of Ecuador and Peru requiring all Venezuelans to present their passports as the only means of identification to access either country.

Likewise, we reject all attempts, legal or otherwise, to close the borders to prevent the passage of this or any other population in need of international protection or humanitarian aid. These measures are not only contrary to international standards on human rights and international refugee law, but in some cases, laws found in the constitutional order of the countries concerned. Moreover, these types of measures only serve to place people in a situation of extreme vulnerability and  facilitate human trafficking, contribute to the separation of families, and limit the ability of a State to identify and provide the specialized attention that certain groups need, among them children, just to cite a few examples.

That is why we propose the following:

1.  Given the magnitude of the phenomenon of human mobility in the Americas, we ask  States to address this issue through a concerted regional strategy that incorporates extensive consultations with civil society organizations. The goal will be to generate coordinated and complementary alternatives that provide long-term solutions with an integral approach to human rights.

2. Due to the difficult and precarious conditions under which people travel, it is important to address this humanitarian crisis through effective and articulated mechanisms, such as the creation of humanitarian corridors in which people can exercise their right to free mobility with security. That is why we call on States to lead the delivery processes of humanitarian aid in each of their territories, which implies providing temporary places of rest, access to basic foods, access to healthcare systems, particularly for social groups in a situation of greater vulnerability, and any other services necessary to guarantee the life and safety of migrants.

3. States must move forward to regularize the migratory status of these people, to guarantee the enjoyment of the rights of each individual, regardless of their situation of mobility, and thereby work to eliminate the greatest amount of possible risks. States should avoid placing emphasis on whether these people are in transit, temporarily or as a final destination, and focus their efforts on guaranteeing their human dignity. Alternatively, processes of flexibilization of requirements for access to migratory documentation or immigration amnesty could be developed.

4. We request each State to adopt measures for the rapid and effective identification of persons who are in need of international protection, as proposed by the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and the Commission. Inter-American Commission on Human Rights (IACHR). These measures can be carried out in this context through the implementation of collective recognition of refugee status.

5. Migration regularization measures, such as identifying the need for international protection, are fundamental steps to open up spaces useful for the local integration of migrants.

6. There is a long-standing tradition of legal frameworks on human mobility in the region. As a result, States must ensure that the standards established in the international and regional legal frameworks on this matter are duly enforced. They must also respond to the implementation of the recommendations and advisory opinions of the specialized bodies and mechanisms of the Inter-American Human Rights System and the United Nations. For this reason, we reiterate our call to States to take proactive measures in the defense of the rights of migrants and reject security-focused approaches that can lead to human rights violations, such as the closing of borders, deportations and collective expulsions, and other forms of crimminalization of human mobility.

7. This crisis has activated a large number of social, humanitarian and human rights organizations, whose members and volunteers are dealing with addressing the needs of Venezuelans forced to migrate. States must recognize and support the work of these organizations, facilitating coordination spaces with official entities to ensure an effective response to the situation.

8. It is with special interest that we call on States to take measures to protect the defenders of the rights of migrants and refugees against any threats and reprisals arising from their work.

9. We urge the States to comply with the comprehensive exercise of rights by the Venezuelan population and in this way guarantee a mechanism for access to basic rights and services. In particular, we request greater consideration for the special needs of children, adolescents, women (particularly those who are pregnant), people affected by diseases and with special health requirements, LGBTI population, indigenous people, the elderly, people with disabilities, among others.

10. We call on civil society to act with empathy and solidarity towards all displaced persons, and to avoid any acts of discrimination, xenophobia and violence. We must remember that at some point in the region’s history, many countries saw the exodus of its own citizens. For many decades, Venezuela was a receiving country for many. Just as humanitarian measures were demanded to guarantee rights of these groups, we must see an opportunity to repay the help given to their compatriots in each Venezuelan citizen forced to leave their home.

11. We call on the human rights organizations of the Inter-American System and the United Nations to monitor and condemn the human rights violations that occur more and more frequently due to the magnitude of the challenge facing the region in order to identify and work together to address the problem.

12. Finally, we call for the prompt establishment of a hemispheric forum in which all  relevant actors can contribute to the identification and design of the best tools and mechanisms to achieve all the objectives set out in this declaration. In response, we express our total commitment to States and international organizations to collaborate in the realization of such an important event.

To view who has signed on to the letter so far, copy/paste the following link in your browser: https://tinyurl.com/ybbo8489

Para leer la carta en Español, copiar y pegar en su navegador e siguiente hipervínculo:  https://tinyurl.com/y9dwr2k4 


More information, contact
Francisco Quintana, CEJIL,  | Washington, D.C. |  [email protected]
Guillermo Rovayo, Misión Scalabriniana | Ecuador |  [email protected]
Ligia Bolivar, Centro de Derechos Humanos de la UCAB  | Venezuela | [email protected]
César Ruiz, Encuentros del Servicio Jesuita de la Solidaridad | Perú | [email protected]